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Leyes y reglamentos no facilitan la transición de la informalidad a la economía formal: OIT  

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 * Advierten graves riesgos por falta de seguridad social y la inestabilidad de empresas

* Muchos patrones evaden el pago de prestaciones sociales

* Baja California está por debajo de la media nacional en esa problemática, y sin embargo, es alarmante

 

ENSENADA, octubre 30, 2017.- No obstante que ya en el Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en nuestro país contempla ampliamente el concepto de “trabajo decente”, muchas otras leyes y reglamentos no facilitan la transición de la economía informal a la formal.

Esto fue advertido por la Oficial Nacional del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la doctora Soledad Aragón, en el marco del Taller sobre la Recomendación 204 de la OIT a México y Cuba sobre la transición del empleo informal al empleo formal, organizado el taller por la CROC de Baja California.

La organizadora, Miriam del Sol Merino Cuevas, representante de la CROC México en la OIT, manifestó la importancia de este taller, porque hace falta coordinar a empresas, gobierno y trabajadores, para combatir la informalidad, que se da sobre todo en empresas formales y hasta en el mismo gobierno, dejando sin protección social a millones de mexicanos.

La Oficial Nacional de la OIT del Proyecto Formalización de Empleo, Soledad Aragón Martínez precisó que México ha celebrado don esa organización internacional 79 convenios, ratificados todos, pero de los cuales 68 son los que se encuentran en vigor, el resto no los ha aplicado.

Eso es grave, advirtió, porque los trabajadores están desempeñándose en riesgos por falta de seguridad social y la inestabilidad de las empresas, las cuales a su vez son asfixiadas por una excesiva y muchas veces ambigua normatividad laboral que persiste en México, por lo que otro gran reto es luchar por la sostenibilidad de las fuentes de empleo.

De acuerdo a los estudios de la OIT y confirmado en los registros del INEGI, la informalidad no abarca solamente a las personas que se emplean por su cuenta propia, así como a los empleados domésticos, abarca también a quienes integran empresas familiares informales y a empresas formales que no les dan seguridad social ni prestaciones a sus trabajadores.

Eso último significa que muchos patrones evaden el pago de Seguro Social (IMSS) e impuestos y las consabidas prestaciones de ley a sus trabajadores, dejándolos en indefensión en caso de accidentes laborales o enfermedad, y sin acceso futuro a jubilación y pensiones, aunque obviamente se pueden demandar mediante los tribunales laborales.

En el desarrollo del taller estuvo presente la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del Gobierno del Estado, Juanita Pérez Floriano, quien destacó dos aspectos: uno, que Baja California por fortuna se encuentra en estadísticas por debajo de la media nacional en índices de informalidad laboral, y sin embargo, aun son niveles alarmantes.

El otro aspecto que destacó fue que como parte de los 221 operativos realizados en San Quintín este año por la dependencia a su cargo, se recibieron 35 quejas y denuncias de abuso laboral, y se detectaron a 30 camiones con 800 jornaleros a los que contrataban de manera informal en los campos agrícolas de Punta Colonet, San Telmo, Camalú y El Pedregoso.

Se detectó que los transportistas hacían labor de outsourcing (subcontratación) de mano de obra para empresas agrícolas, muchas de ellas no registradas en el SAT, o que en su defecto, pagaban a los trabajadores sin darles IMSS ni prestaciones de ley.

En esos operativos la STyPS del Estado se coordinó con el Ayuntamiento de Ensenada, con el IMSS y con la STyPS Federal, por lo que la licenciada Juanita Pérez propuso que se incluya una recomendación de la OIT para que ese tipo de coordinación sea obligatoria, tal como ya se hace en Sinaloa, por ejemplo.

En el taller participaron representantes sindicales de la CROC de todo el estado, abogados laboralistas y empresarios industriales y agrícolas, entre otros, encabezados por la organizadora, Miriam del Sol Merino, así como el dirigente estatal de la CROC, Jorge Escobar Martínez y el dirigente de la CROC en Tijuana, Javier Merino Duarte.

Además de Soledad Aragón, también estuvo como instructora y consultora otra oficial de la OIT, María del Pilar Sarabia.

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